Buscan revertir la situación
Un control ineficaz sobre gastos estatales
Demoran años los dictámenes de la Auditoría y del Congreso
Informes de auditoría que llegan tarde, a veces con demoras de varios años. Una burocracia enmarañada, cooptada por vicios partidarios que conspiran contra un control eficiente. Dictámenes "lavados", sin conclusiones contundentes. No hace falta sumar más elementos para concluir que el Congreso no ejerce un control efectivo sobre el Estado, tal como le exige la Constitución nacional.
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Lo paradójico de este asunto es que los propios encargados de esta función admiten estas graves falencias, producto de gestiones anteriores.
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Los ejemplos abruman. Sólo por destacar alguno, vale mencionar el caso de la auditoría realizada sobre el Programa Materno Infantil y Nutrición (Promin), destinado a asistir a madres y niños de escasos recursos. Dicho proyecto fue solventado por un crédito de 160 millones otorgado por el Banco Mundial en 1993. Pero el control arribó cinco años después y sus conclusiones no fueron nada auspiciosas: reveló que buena parte de ese dinero se destinó a gastos administrativos, lo que redundó en una inadecuada provisión de alimentos a los niños.
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El informe, después de tantos años, aún espera dictamen final del Congreso. Si bien es cierto que el contralor que ejerce el Poder Legislativo debe ser posterior a la gestión (así lo marca la ley), ¿es efectivo un control que llega tan tarde?
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En su artículo 85, la Constitución nacional delegó en el Congreso la responsabilidad del control externo del sector público "en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos". Para esta función, el Poder Legislativo cuenta con la Auditoría General de la Nación (AGN), un órgano técnico que eleva sus dictámenes a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, integrada por senadores y diputados, que definen la suerte de aquellos informes.
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Este fue el esquema que se concibió con la reforma constitucional de 1994 y que fue promocionado en su momento como el ideal para combatir los nichos de corrupción, la negligencia y las irregularidades enquistadas en la administración pública.
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Pero entre lo ideal y la realidad hay, en este caso, un largo, larguísimo, trecho. Y una historia que entremezcla sospechas de acuerdos poco claros que se tejen en una suerte de cerrada cofradía, lejos de la luz pública.
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Es que tanto la Auditoría como la Comisión Mixta del Congreso tienen entre sus manos un poder tal que pocos llegan a dimensionar: son ellos los que concentran la más variada información contable sobre los distintos órganos del Estado. La Aduana, los bancos oficiales de la Nación, la AFIP, los estratégicos entes reguladores de los servicios públicos -por sólo nombrar algunos organismos de peso en el sector público-, deben ser sometidos al control legislativo. Aquí se manejan intereses económicos de magnitud, por lo que los dictámenes de auditoría cobran especial relevancia.
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Pero cuando los controles llegan "tarde" y surgen informes que no son demasiado "concluyentes", la desidia y la corrupción ganan terreno.
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"Durante años, tanto en la Auditoría como en la Comisión Mixta el pacto de Olivos funcionó a la perfección. Yo no te denuncio a vos, pero me retribuís con algo. Ese ha sido el mecanismo común durante años", deslizan a LA NACION, en estricto off the record , empleados de la Auditoría.
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José Vitar (ARI), miembro de la Comisión Mixta, recuerda que la creación de la Auditoría fue promovida como un órgano de contralor similar a los existentes en Europa. "En Inglaterra el lema es: "Por cada libra esterlina que se gasta en control, el Estado inglés ahorra cinco". Aquí sucede exactamente al revés", critica.
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Computadoras "perdidas"
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Para muestra basta otro botón.
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Basta citar la ejecución del Programa de Reformas e Inversiones en el Sector Educación (Prise), que se realizó también con un préstamo de 300.000.000 de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), otorgado en 1994.
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El control de la AGN, otra vez, llega tarde: cinco años después, en 1999. Entre sus conclusiones -en su mayoría de índole técnica-, dos resultan por demás llamativas. En primer lugar, que en Buenos Aires, "de las 5000 computadoras personales y 2500 impresoras adquiridas en 1997 y entregadas en 1998, se hallaba pendiente de distribución el 18,88% de las PC (944 unidades) y el 60,08% de las impresoras (1502 unidades)".
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Además, se señala que "en algunos casos no se tuvo constancia de recepción por parte de la escuela de los bienes entregados".
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"Más grave que la corrupción que pueda generarse en el control es la impunidad -cuestionó un legislador que conoce de cerca el problema-. De nada valen las auditorías si llegan tarde, y menos aún si las recomendaciones que se formulan no se cumplen."
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No hay seguimiento
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Un encumbrado integrante de la AGN, en diálogo con LA NACION, insistió en este punto: "Muchas auditorías revelan irregularidades y sugieren recomendaciones. Pero si no hay un correcto seguimiento del Congreso, los funcionarios cuestionados se marchan de la función pública sin una mancha".
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Leandro Despouy (UCR) es el titular de la Auditoría General de la Nación desde principios de este año. Tal como dispone la Constitución, es el principal partido de la oposición el que debe encabezar este organismo. Por su parte, el senador Oscar Lamberto (PJ) asumió la jefatura de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas también este año. Ambos expresan ante LA NACION su vocación de impulsar un cambio y recuperar -si alguna vez la tuvo- la función de contralor que debe ejercer el Congreso.
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Despouy, por caso, alienta la inmediata difusión de los informes de auditoría, para garantizar la transparencia (de lo que se informa aparte). Lamberto agilizó la aprobación de 300 expedientes atrasados en sólo dos meses.
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Pero la tarea es dura. Tres son los problemas principales por enfrentar:
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  • Demoras: hay importantes informes de auditoría demorados en la Comisión Mixta. Un caso es la cuenta de inversión (la rendición anual del presupuesto) de 1994 . Aunque resulte increíble, aún no fue aprobada por el Congreso, como tampoco las siguientes (de lo que se informa aparte). Pero no todo es culpa de la Comisión Mixta: la Auditoría General aún adeuda los informes desde 1998.
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    "Además, los planes de acción de la Auditoría -donde se eligen los informes por realizarse en el año- ya vienen con sensibles demoras", afirmó Vitar.
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    La Auditoría tiene su explicación: "Con la crisis económica, la dotación de personal fue reducida en la mitad. Así no hay forma de cumplir semejante trabajo", adujo el auditor Mario Fadel (Frepaso).
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  • Informes "lavados": fuentes legislativas atribuyen esta falencia a un intento de "lavarse las manos" de algunos auditores para evitar comprometer ciertos intereses económicos. Lamberto promovió una resolución que prohíbe a la Auditoría la abstención de opinar, salvo excepciones.
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    Fadel no está de acuerdo: "La abstención no siempre implica que el informe sea poco consistente. Por el contrario. Lo que sucede es que es el Congreso el que debe imprimirle su opinión política".
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  • Auditoría de gestión: en la AGN priman los controles de legalidad (es decir, de balances contables) y no de gestión. "Muchas veces las cuentas aparecen correctas, pero no siempre lo que se gasta es lo más adecuado. Por eso el control debería tener otro perfil", agrega el diputado Jesús Rodríguez (UCR).
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    Por Laura Serra
    De la Redacción de LA NACION
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    Los vicios de la política que afectan las auditorías
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    Uno de los problemas crónicos de que adolece el control legislativo sobre el sector público son los vicios partidistas que afectan a los dos órganos de contralor: la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Comisión Mixta Revisora de Cuentas.
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    Es cierto que ambas son entidades políticas: la Comisión Mixta está integrada por doce legisladores, mientras que en la AGN las decisiones son tomadas por un colegio de auditores, integrado por siete miembros y su presidente, que pertenece al principal partido de oposición.
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    "Pero una cosa es que ambos sean órganos políticos y otra es que la política degenere en corrupción", confía un empleado de la AGN que aceptó hablar con LA NACION.
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    "En la Auditoría ha habido verdaderas luchas internas sobre la contratación de personal. Hay gerentes que pertenecen a un partido y otros, a otro. Y los sacan y ponen según la conveniencia", reveló.
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    También los informes se han manejado según intereses partidarios. "En la gestión del menemista Rodolfo Barra en la AGN, se demoró años un explosivo informe que acusaba a María Julia Alsogaray por sobreprecios y contrataciones irregularidades en la Secretaría de Recursos Nacionales", añadió. Según supo LA NACION, el informe estuvo a punto de ser enviado, sigilosamente, al archivo, hasta que lo rescató el diputado José Vitar (ARI).

    LA NACION | 18/08/2002